Chevron vs. Ecuador
Contaminación de la Amazonia con petróleo
Pendiente

 

En 2009, Chevron Corporation, una de las mayores empresas petroleras de Estados Unidos, inició una demanda contra Ecuador amparándose en el TBI entre Estados Unidos y Ecuador, a través de la cual pretende eludir el pago de una indemnización multimillonaria ordenada a la empresa por la justicia ordinaria, por su contaminación masiva de la selva en la Amazonía.

 

Texaco, adquirida luego por Chevron, llevó a cabo actividades petroleras durante 26 años en Ecuador. Los tribunales ordinarios de Ecuador establecieron que la empresa vertió miles de millones de litros de agua tóxica y excavó cientos de pozos de residuos petroleros a cielo abierto en la Amazonia ecuatoriana en ese lapso, envenenando las comunidades de más de 30.000 habitantes, entre ellos toda la población de seis grupos indígenas (uno de los cuales está extinto actualmente). Tras una batalla judicial que ya lleva dos décadas y en la que intervino la justicia ordinaria de ambos países, en noviembre de 2013 la Corte Suprema de Justicia de Ecuador ratificó las sentencias judiciales previas en contra de Chevron por contaminar una gran parte de la Amazonia ecuatoriana, y le ordenó a la empresa pagar $9.500 millones de dólares para la limpieza urgente de la zona y para brindarle asistencia médica indispensable a las comunidades indígenas afectadas.

 

En lugar de acatar las órdenes de la justicia ordinaria, Chevron le está reclamando a un tribunal de arbitraje inversionista-Estado que impugne la decisión emanada del sistema judicial nacional de Ecuador. Chevron le solicitó al tribunal arbitral que les ordene a los contribuyentes ecuatorianos pagarle a la empresa algunos de los miles de millones de dólares de indemnización que quizás tenga que abonar para la limpieza de la Amazonia aún devastada, además de todos los honorarios y costos judiciales en los que incurra la empresa en el transcurso de la demanda inversionista-Estado que interpuso. Con su demanda inversionista-Estado, Chevron pretende que se reabra la discusión y se vuelvan a litigar aspectos claves del largo proceso judicial concluido en los tribunales nacionales ordinarios, entre ellos si a las comunidades afectadas les asistía siquiera el derecho de demandar a la empresa ante la justicia. Chevron sostiene que sus derechos especiales como inversionista extranjero protegidos por el TBI fueron vulnerados, a pesar del hecho que la inversión de Texaco en Ecuador terminó en 1992, que el TBI entró en vigor recién en 1997, y que el TBI supuestamente no es aplicable retroactivamente para proteger inversiones realizadas con anterioridad a su vigencia.

 

El tribunal de arbitraje inversionista-Estado encargado de este caso ya dio su consentimiento a varias de las solicitudes de Chevron.

Le ordenó al gobierno de Ecuador violar su propia Constitución e impedir la ejecución de una decisión ratificada por los órganos de apelación de su sistema judicial independiente. Y en una decisión de septiembre de 2013, el tribunal arbitral se atribuyó competencia para presentar una interpretación de la Constitución de Ecuador, distinta a la de la propia Corte Suprema de Justicia de Ecuador, y declaró que algunos derechos protegidos por la ley ecuatoriana en 8 realidad no existen. El tribunal de arbitraje todavía no ha concluido sus procedimientos y la decisión final sobre el caso sigue aún pendient.

 

Inversionista-Estado Ataques: Medioambiente

 

Metalclad vs. México
Desechos tóxicos
Victoria del inversionista (indemnización de $16,2 millones de dólares)

 

En 1997, Metalclad Corporation, una empresa estadounidense de manejo de desechos, interpuso una demanda inversionista-Estado contra México por la decisión del gobierno municipal de Guadalcázar de no aprobar los permisos de construcción necesarios para la expansión de un confinamiento de residuos tóxicos, debido a inquietudes por la contaminación del agua y otros riesgos ambientales y para la salud. Distintos estudios indicaban que los suelos del lugar son muy inestables, lo que podría permitir que los desechos tóxicos se filtraran fácilmente hacia el subsuelo y transportaran la contaminación a través de fuentes de agua más profundas. El gobierno local ya le había denegado permisos similares a la empresa mexicana de la cual Metalclad adquirió las instalaciones. Metalclad alegó que la decisión de negarle el permiso en su condición de inversionista extranjero protegido en sus derechos por el TLCAN constituía una expropiación sin indemnización y una vulneración del “trato justo y equitativo” garantizado por el TLCAN.

 

El tribunal arbitral falló a favor de la empresa y le ordenó a México indemnizar a Metalclad por la disminución del valor de su inversión. La orden de indemnizar por una “confiscación regulatoria” se fundamentó en la conclusión de los árbitros de que negarle los permisos de construcción a la empresa a menos que y hasta que el sitio fuese arreglado equivalía a una expropiación “indirecta”. El tribunal de arbitraje también dictaminó que México violó la obligación estipulada en el TLCAN de proporcionarle a los inversionistas extranjeros  “un trato justo y equitativo,” porque no le había ofrecido a la empresa un ambiente normativo “transparente y predecible”. De esa decisión se ha dicho que implica el establecimiento de una nueva obligación  para el gobierno mexicano bajo el régimen del TLCAN: explicarle a los inversionistas extranjeros las complejidades de las leyes municipales, estaduales y federales y garantizar que el asesoramiento que den las autoridades al respecto en esos distintos niveles de gobierno siempre sea idéntico. Un tribunal canadiense modificó ligeramente la suma de indemnización  ordenada por el tribunal de arbitraje inversionista-Estado, decisión tras la cual se le exigió a México pagarle a Metalclad más de $16 millones de dólares.

 

S.D. Meyers vs. Canadá
Desechos tóxicos
Victoria del inversionista (indemnización de $5,6 millones de dólares)

 

En 1998, S.D. Myers, una empresa estadounidense de tratamiento de desechos inició una demanda inversionista-Estado amparándose en el TLCAN contra una prohibición transitoria impuesta por Canadá a la exportación de bifenilos policlorados (PCB), catalogados como desechos peligrosos. Canadá prohibió la exportación de desechos tóxicos a Estados Unidos sin la autorización explícita de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Y como país signatario del Convenio de Basileasobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, las políticas canadienses limitan por regla general las exportaciones de desechos tóxicos. Por otro lado, la Ley de Control de Sustancias Tóxicas de Estados Unidos prohibió la importación de desechos peligrosos, con algunas pocas excepciones como los desechos de bases militares de Estados Unidos.  La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos determinó que los PCB son perjudiciales para los seres humanos y tóxicos para el medioambiente. Sin embargo, en 1995, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos decidió autorizar a S.D. Myers y a otras nueve empresas a importar PCB a Estados Unidos para su procesamiento y eliminación. Canadá promulgó una prohibición transitoria de los cargamentos de PCB, con el propósito de revisar sus leyes y reglamentaciones potencialmente incompatibles con el Convenio de Basilea y sus obligaciones frente a ese tratado. S.D. Myers alegó que la prohibición de Canadá constituía una “discriminación encubierta” que era “equivalente a una expropiación”, y que violaba la prohibición al establecimiento de requisitos de desempeño estipulada en el TLCAN y la obligación de proporcionar un “nivel mínimo de trato.”

 

El tribunal de arbitraje convalidó las acusaciones de discriminación presentadas por S.D. Myers y concluyó que la prohibición de las exportaciones vulneró la disposición del TLCAN que obliga a garantizar un “nivel mínimo de trato”, debido a que limitó los planes de la empresa de tratar los desechos en Ohio, Estados Unidos. El panel arbitral también estableció que el mercado de una empresa extranjera en otro país podría considerarse una inversión protegida bajo el TLCAN, y echó así por tierra el argumento de Canadá de que S.D. Myers no tenía inversiones reales en Canadá. El tribunal de arbitraje le ordenó a Canadá pagarle a la empresa $5,6 millones de dólares.

 

Abengoa vs. México
Desechos tóxicos
Victoria del inversionista (indemnización de $40 millones de dólares más intereses)

 

En diciembre de 2009, Abengoa, una empresa española de tecnología,

interpuso una demanda contra México amparándose en el TBI entre España y México por habérsele impedido gestionar un establecimiento de manejo de desechos al que se oponía firmemente la comunidad local de Zimapán por motivos ambientales. La planta se construiría sobre una falla geológica frente a una represa y la reserva de biósfera Sierra Gorda, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y hogar de comunidades indígenas Nanhu y Otomi. La región ya estaba contaminada con arsénico por actividades mineras anteriores. La comunidad sostenía  que la construcción de una planta de tratamiento de desechos sobre una falla geológica, cerca de una represa, en un área contaminada con arsénico, próxima a comunidades indígenas y una reserva ambiental representaba una amenaza ambiental bastante seria.

 

Como resultado de la férrea oposición pública, en diciembre 2007 no se le renovó el permiso de uso del suelo a Abengoa, aunque la construcción de la planta prosiguió de todos modos. En abril de 2009 hubo enfrentamientos entre un grupo de personas de Zimapán y la policía federal de México en torno a la planta. Algunos días después y como consecuencia de los enfrentamientos, se le revocó la licencia de funcionamiento a la empresa. A pesar de esa medida, la situación empeoró ya que la policía federal mexicana fue acusada de abusos contra la población indígena y las autoridades del gobierno federal declararon que la planta podría abrir aunque no contara con autorización municipal. En marzo de 2010 la municipalidad de Zimapán declaró que la licencia de funcionamiento no era válida, puesto que no había sido otorgada colectivamente por el Consejo Municipal y no obedecía al interés público.

 

Abengoa alegó que las acciones del gobierno que impidieron el funcionamiento de su planta de desechos vulneraban sus derechos como inversionista protegidos pro el TBI. En abril de 2013, el tribunal de arbitraje falló a favor de Abengoa, decidiendo que la denegación de la licencia de funcionamiento a la polémica planta de tratamiento de desechos peligrosos constituyó una expropiación indirecta de las inversiones de Abengoa y que las acciones del gobierno local violaron la obligación de garantizarle un “nivel mínimo de trato” a la empresa. El tribunal arbitral ordenó a México pagarle a Abengoa más de $40 milliones de dólares, más intereses, como indemnización por las ganancias futuras esperadas de la planta de desechos y para cubrir la mitad de los costos judiciales de la empresa en el arbitraje.

 

Infinito Gold vs. Costa Rica
Minería
Pendiente

 

En febrero de 2014, la minera canadiense Infinito Gold inició una demanda contra Costa Rica amparándose en el TBI entre Costa Rica y Canadá, reclamando una indemnización de $94 millones de dólares por la decisión de un tribunal costarricense de revocarle la concesión de la mina de oro a cielo abierto de Las Crucitas por motivos ambientales. La empresa obtuvo la licencia minera en 2008 del entonces Presidente de Costa Rica Oscar Arias y su Ministro de Medioambiente. El Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo costarricense ordenó después que investigara penalmente a Arias por haber aprobado el proyecto cuando aún no se habían completado los estudios ambientales requeridos. La concesión generó muchas inquietudes ambientales, entre ellas la deforestación de más de 60 hectáreas de bosques tropicales vírgenes. También generó serías preocupaciones en materia de salud vinculadas a la filtración de sustancias químicas utilizadas en el proceso de minería, que podrían contaminar las fuentes de agua potable cercanas al río San Juan.

 

En 2010, un tribunal ordinario de Costa Rica revocó la concesión de Las Crucitas debido al daño ambiental que ocasionaría el proyecto. Las encuestas indicaban que más del 75% de la población de Costa Rica se oponía a ese proyecto minero, debido en parte a preocupaciones ambientales. Varias semanas antes que el tribunal decidiera revocar la concesión a Infinito, la legislatura de Costa Rica votó unánimemente  prohibir nuevas minas de explotación de metales a cielo abierto. Infinito apeló ante la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, que ratificó en 2011 la decisión inferior contra la empresa. En su demanda inversionista-Estado, Infinito le pide al tribunal de arbitraje compuesto de tres miembros que interprete las decisiones de los tribunales de Costa Rica y que concluya que la prohibición al otorgamiento de nuevos permisos para minería a cielo abierto en Costa Rica constituye una “expropiación ilegal” de las inversiones de Infinito y una violación del derecho de la empresa protegido por el TBI de recibir un “trato justo y equitativo”. “Como resultado de la nueva prohibición contra la minería a cielo abierto, Industrias Infinito no puede solicitar ninguna nueva concesión minera en el área del proyecto,” observó la empresa en su memorando de presentación. La demanda sigue pendiente de resolución.

 

Renco vs. Perú
Contaminación por fundición de metales
Pendiente

 

El grupo Rencoempresa propiedad de Ira Rennert, notificó a Perú en 2010 su intención de interponer una demanda inversionista-Estado por $800 millones de dólares contra el gobierno de ese país.

Renco alega que Perú violó el TLC entre Estados Unidos y Perú al no otorgarle a la empresa una tercera prórroga para cumplir con su compromiso ya vencido de instalar equipamiento de mitigación de la contaminación en una fundición de metal de su propiedad ubicada en La Oroya, Perú, que es uno de los lugares más contaminados del planeta.  Doe Run Perú, la subsidiaria peruana de Renco, había aceptado los diversos requisitos ambientales que se le fijaron cuando adquirió las instalaciones en 1997.

 

El gobierno peruano ya le había concedido dos prórrogas desde 2007, fecha para la cual Doe Run debía haber terminado de construir instalaciones para el tratamiento del óxido de azufre -- un compromiso que la empresa incumplió reiteradamente. En 2007 y 2008 Doe Run fue llevada a juicio ante tribunales de Missouri, Estados Unidos, por demandas colectivas en reclamo de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a los niños y niñas de La Oroya como consecuencia de las emisiones tóxicas de la fundición, incluidas emisiones de plomo sumamente elevadas desde que Renco la adquirió.

 

En su memorando de presentación de la demanda inversionista-Estado contra Perú la empresa alega que se violó el principio de trato justo y equitativo, y culpa a Perú por no concederle una tercera prórroga para cumplir con sus compromisos ambientales asumidos en 1997. La empresa también reclama que Perú tendría que haber asumido la responsabilidad civil por las demandas interpuestas en Missouri, no Renco. En presentaciones más recientes ante el tribunal de arbitraje, Renco aclara  que está solicitándole que haga responsable al Perú de todas las pérdidas y costos asociados a las demandas en Missouri, y que le ordene al gobierno indemnizar a la empresa por “daños morales resultantes de haber lastimado la reputación del demandante”. Aunque Doe Run, la subsidiaria de Renco en Perú se declaró en bancarrota y quedó a cargo de sus acreedores que tienen pensado venderla este año, Renco sigue avanzando en su demanda inversionista-Estado.

 

Entretanto, la mera presentación de la demanda inversionista-Estado ya fue suficiente para que Renco alcanzara sus objetivos con respecto a las demandas colectivas interpuestas ante los tribunales ordinarios del estado de Missouri que reclaman indemnización para los niños y niñas de La Oroya. Renco ya había intentado sin éxito tres veces antes retirar el caso de los tribunales estaduales de Missouri y remitirlo a un tribunal federal. Un jurado del estado de Missouri se mostraría probablemente escéptico frente a Renco tras la muy publicitada contaminación provocada por la empresa en ese estado. Pero una semana después de iniciar su demanda inversionista-Estado, Renco intentó por cuarta vez retirar el caso de los tribunales estaduales, y esta vez sí lo logró. El mismo juez que había rechazado las solicitudes anteriores citó la interposición de la demanda inversionista-Estado como fundamento para su decisión más reciente.

 

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Bilcon v. Canada
Quarry Mining
Investor win (award amount pending)

 

In May 2008, members of the U.S.-based Clayton family – the owners of a concrete company – and their U.S. subsidiary, Bilcon of Delaware, launched a NAFTA challenge against Canadian environmental requirements affecting their plans to open a basalt quarry and a marine terminal in Nova Scotia. The investors planned to blast, extract and ship out large quantities of basalt from the proposed 152-hectare project, located in a key habitat for several endangered species, including one of the world’s most endangered large whale species. Canada’s Department of Fisheries and Oceans determined that blasting and shipping activity in this sensitive area required a rigorous assessment given environmental risks and socioeconomic concerns raised by many members of the local communities. A government-convened expert review panel concluded that the project would threaten the local communities’ “core values that reflect their sense of place, their desire for self-reliance, and the need to respect and sustain their surrounding environment.” On the recommendation of the panel, the government of Canada rejected the project. The Clayton family argued that the assessment and resulting decision was arbitrary, discriminatory and unfair, and thus a breach of NAFTA’s “minimum standard of treatment,” national treatment and most favored nation obligations.

 

In a March 2015 ruling, two of the three ISDS tribunalists decided that the environmental assessment’s concern for “community core values” was “arbitrary” and frustrated the expectations of the foreign investors. This, they asserted, violated a broad interpretation of the “minimum standard of treatment” obligation, which they imported from another ISDS tribunal (Waste Management). The tribunal majority also declared a national treatment violation. The tribunal has yet to determine the final amount it will order Canadian taxpayers to pay to the quarry investors, who are seeking $300 million.

 

The dissenting tribunalist explicitly warned of the chilling effect the decision would have: “Once again, a chill will be imposed on environmental review panels which will be concerned not to give too much weight to socio-economic considerations or other considerations of the human environment in case the result is a claim for damages under NAFTA Chapter 11. In this respect, the decision of the majority will be seen as a remarkable step backwards in environmental protection.”