Si te preocupa que la gente y el planeta sean protegidos, te indignarás con el ataque más reciente de las grandes empresas contra el interés público: el sistema de solución de controversias inversionista-Estado (o ISDS por su sigla en inglés). El sistema inversionista-Estado habilita a las empresas a acudir a tribunales extranjeros secretos con el fin de atacar las leyes de las que dependemos para contar con un medioambiente limpio, estabilidad financiera, medicamentos asequibles, alimentos inocuos y trabajos dignos.

 

Ya no es posible pasar por alto la amenazante realidad del sistema inversionista-Estado. Indígnate al enterarte de las decenas de demandas inversionista-Estado que se están dirimiendo en la actualidad y los miles de millones de dólares del bolsillo de los contribuyentes que los gobiernos deben pagarles a las empresas demandantes por orden de esos tribunales. Inspírate con los gobiernos y personalidades públicas que están diciéndole "NO" a este sistema extremo. Involúcrate para frenar los intentos de ampliar estas facultades extremas otorgadas a las empresas a costa del resto de nosotros.

El sistema inversionista-Estado dota a las empresas extranjeras con nuevos y escandalosos poderes que las facultan a atacar las leyes de las que dependemos para contar con un medioambiente limpio, estabilidad financiera, medicamentos asequibles, alimentos inocuos y empleos dignos. Con ese régimen de solución de controversias, estas empresas pueden eludir los tribunales nacionales y "demandar" directamente a los gobiernos ante tribunales cuya existencia es independiente de cualquiera y todos los sistemas normativos nacionales. Estos tribunales pueden obligar a los gobiernos a pagarles a las empresas  millones de dólares de los contribuyentes a manera de indemnización por políticas que no son de su agrado. Los miembros de esos tribunales son abogados empresariales, y sus decisiones no se pueden someter a apelación externa.

 

El sistema inversionista-Estado les concede a las empresas transnacionales privilegios especiales, les ofrece mejor trato que a las empresas locales. Las empresas extranjeras pueden alegar que un cambio de política gubernamental socava sus "expectativas" de ganancia --ese es uno de los motivos abusivos que pueden invocar para exigir que se las indemnice al amparo de este sistema. Poco importa si el cambio de política se produjo como respuesta a una crisis financiera mayor o una catástrofe ambiental o nuevos conocimientos acerca de una nueva amenaza a la salud, o que se aplique por igual a las empresas nacionales y extranjeras. Al amparo del sistema inversionista-Estado las empresas extranjeras pueden de todos modos exigir que se las indemnice con dinero de los contribuyentes.

Los tribunales que dirimen los litigios inversionista-Estado constan de tres abogados privados que no rinden cuentas a ningún electorado. Algunos abogados rotan de condición, actuando algunas veces como "jueces"  y otras como abogados que presentan demandas de empresas contra gobiernos. Tal dicotomía de responsabilidades sería considerada contraria a la ética en la mayoría de los sistemas judiciales. Se les paga por hora, lo que genera incentivos para que los litigios se extiendan por años, incluso aunque no existan méritos. Los tribunales no están obligados a guiarse por precedentes ni por lo que los gobiernos soberanos consideren que son sus obligaciones de conformidad con los tratados que han firmado. Las decisiones de estos tribunales no se pueden someter a apelación externa.

 

Bajo el sistema de solución de controversias inversionista-Estado, únicamente las empresas extranjeras pueden presentar demandas. También escogen a uno de los abogados que actuará como "juez". (Imagínate si el demandante pudiera escoger al juez de una causa judicial ante un tribunal nacional). Esto da lugar a un incentivo perverso para que los "jueces", formalmente llamados "tribunalistas", inventen derechos de gran alcance para las empresas extranjeras y fallen en contra de los gobiernos. Al socorrer así a las empresas multinacionales, los tribunalistas pueden conseguir que las empresas se muestren más interesadas en presentar nuevas demandas inversionista-Estado y les escojan para el próximo "trabajo" lucrativo como tribunalistas.

La cantidad de ataques inversionista-Estado contra políticas de interés público ha crecido exponencialmente. Aunque ya existían tratados con disposiciones inversionista-Estado desde la década de 1960, en las primeras tres décadas de existencia de ese régimen solamente se presentaron 50 demandas inversionista-Estado conocidas. Por contraste, en cada uno de los tres últimos años, las empresas han entablado más de 50 demandas inversionista-Estado. También se está ampliando la gama de políticas que son objeto de estos ataques. La mayoría de las demandas no versan sobre un gobierno que confisca (expropia) una mina o una fábrica o una fracción de tierra. Por el contrario, los ataques inversionista-Estado más recientes están dirigidos contra políticas de prevención del tabaquismo, sobre el clima, estabilidad financiera, minería, medicamentos, energía, contaminación, agua, políticas laborales, sobre sustancias tóxicas y políticas de desarrollo.

 

Si un tribunal de arbitraje inversionista-Estado falla en contra de una política impugnada, no hay límite para la cantidad de dinero del bolsillo de los contribuyentes que el tribunal puede condenar al gobierno a pagarle a la empresa extranjera. El monto de la indemnización se calcula en base a las "ganancias futuras esperadas" que habría obtenido el inversionista, según el criterio del tribunal, si no se hubiera aplicado la política pública impugnada. Contando solamente los arbitrajes amparados en TLC y TBI de Estados Unidos, los tribunales han ordenado que se paguen a empresas extranjeras más de $3.600 millones de dólares de los contribuyentes. Hay demandas de indemnización por $38.000 millones de dólares que aún están pendientes de resolución en arbitrajes inversionista-Estado amparados en estos convenios estadounidenses, todas ellas relativas a políticas ambientales, de energía, reglamentación financiera, salud pública, uso del suelo y transporte.

  Introducción    

Fundamentos

|