La empresa sueca de energía Vattenfall inició en 2009 una demanda inversionista-Estado contra Alemania por $1.900 millones de dólares amparándose en el Tratado sobre la Carta de la Energía, reclamando indemnización por el retraso en el otorgamiento de los permisos para una usina de energía eléctrica a carbón ubicada en Hamburgo. Según Vattenfall, el retraso en el otorgamiento de los permisos gubernamentales requeridos comenzó cuando el Ministerio de Medioambiente alemán 5 estableció “requisitos muy claros” para la usina, tras la publicación de “informes del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático que alertaron al público sobre el cambio climático inminente”. La oposición pública a los planes de construcción de la usina se centró en las emisiones de carbono potenciales y la contaminación del agua. También hubo retrasos, según Vattenfall, cuando el Partido Verde, que se opuso a la usina por motivos ambientales, formó una coalición con los Demócrata Cristianos luego de las elecciones estaduales de 2008. La coalición de gobierno le otorgó los permisos a Vattenfall después que la empresa impugnó las medidas en los tribunales nacionales, pero le agregó el requisito adicional de proteger el río Elba.

 

En lugar de cumplir con los requisitos, Vattenfall inició la demanda inversionista-Estado contra Alemania, alegando que las normas ambientales de Hamburgo constituían una expropiación y violaban la obligación de Alemania de proporcionarles a los inversionistas extranjeros “un trato justo y equitativo”.

 

Michael Müller, en ese entonces vice-Ministro de Medioambiente, respondió así: “Realmente no tiene precedentes que nos ataquen simplemente por aplicar las leyes alemanas y de la Unión Europea”. Para evitar la incertidumbre de una decisión potencialmente adversa de un tribunal de arbitraje inversionista-Estado que le ordenara pagar una suma de dinero enorme como indemnización, el gobierno alemán llegó a un arreglo extraprocesal con Vattenfall en 2010. El arreglo obligó al gobierno de Hamburgo a dejar sin efecto sus requisitos ambientales adicionales y a emitir los polémicos permisos requeridos para que los planes de la usina pudiesen seguir adelante. El arreglo también implicó que Vattenfall renunciara a sus compromisos anteriores de mitigar el impacto que tiene la usina a carbón en el río Elba. La suma de dinero de los contribuyentes alemanes que se destinó para pagarle a la empresa según el arreglo extraprocesal no ha sido divulgada. La usina a carbón de Vattenfall en Hamburgo comenzó a funcionar en febrero de 2014.

 

Inversionista-Estado Ataques: Cambio Climático

 

Vattenfall vs. Alemania I
Usina eléctrica a carbón/cambio climático
Arreglo extraprocesal (se revirtieron los requisitos ambientales)

 

Lone Pine vs. Canadá
Fractura hidráulica
Pendiente 

 

En septiembre de 2013, Lone Pine Resources, una empresa estadounidense de exploración y producción de petróleo y gas, inició una demanda por $241 millones de dólares contra Canadá amparándose en el TLCAN, impugnando la suspensión de los permisos de exploración de petróleo y gas en los yacimientos ubicados debajo del río St. Lawrence, decretada por el gobierno provincial de Quebec como parte de una moratoria más general contra la controvertida práctica del fracking o fractura hidráulica. En 2011 el gobierno provincial había declarado una moratoria para hacer una evaluación de impacto ambiental de ese método de extracción ampliamente conocido por filtrar sustancias químicas y gases en las aguas subterráneas y el aire.

 

Lone Pine tenía planes y contaba con permisos para realizar tareas de fractura hidráulica en más de 12.000 hectáreas de subsuelo ubicadas directamente por debajo del Canal de St. Lawrence, el curso de agua más grande de la provincia. Según Lone Pine, la moratoria vulnera las disposiciones del TLCAN que protegen contra la expropiación y es violatoria de la garantía de un “nivel mínimo de trato”.  El caso sigue pendiente de resolución.

 

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